FUNDAMENTACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO?
A lo largo de la historia, las
distintas culturas han construido y transmitido representaciones sociales y
formas de comportamiento que se consideraron distintivas y propias de los
varones y las mujeres, dando lugar a estereotipos que definieron modelos
rígidos de “ser mujer” y “ser varón”. Estos estereotipos de género han
legitimado el poder de los varones sobre las mujeres y sus cuerpos. La
diferencia biológica de sexo entre varones y mujeres ha subsumido a las mujeres
al ámbito privado –reforzado por la maternidad–, en tanto los varones han
monopolizado el espacio público. Tradicionalmente, los varones han sido
considerados responsables de la manutención económica de la familia, ostentando
por ello mayor poder, mientras que la mujer quedaba subordinada a tareas que
carecen de valor social legitimado. En igualdad de condiciones, los varones aún
disfrutan de condiciones laborales más ventajosas: perciben salarios más
elevados por igual tarea y tienen mayores oportunidades de éxito que las
mujeres; en la economía y en la política ocupan un número mucho mayor de
puestos, y los más importantes. El siguiente señalamiento referido a la
situación de las mujeres, que data de hace más de medio siglo, mantiene su
vigencia pese a los avances habidos: “Los dos sexos jamás han compartido el
mundo en pie de igualdad; y todavía hoy, aunque su situación está
evolucionando, la mujer tropieza con graves desventajas. En casi ningún país es
idéntico su estatuto legal al del hombre, y con frecuencia, su desventaja con
respecto a aquel es muy considerable. Incluso cuando se le reconocen en abstracto
algunos derechos, una larga costumbre impide que encuentre en los usos
corrientes su expresión concreta… Toda la Historia la han hecho los varones”.
En el imaginario social se naturaliza la desigualdad de género a través de
ciertos mandatos que todavía hoy operan en nuestra sociedad. Los varones
aprenden desde niños un ideal masculino que exalta el éxito visualizado
externamente, en tanto se reprime la esfera emocional. El ejercicio de la
fuerza física, la tolerancia al dolor, la ocupación de espacios de privilegio y
el dominio en su vínculo con las mujeres, entre otros aspectos de la violencia,
adquieren un elevado valor simbólico en la construcción de la identidad
masculina basada en estereotipos. Las mujeres, en cambio, han sido educadas
para la obediencia, sobrevalorando el sentimentalismo que se asocia a una
supuesta debilidad. En el contexto de estas construcciones sociales e
históricas, “la violencia de género se define por las relaciones desiguales de
poder que subordinan a las mujeres, por las relaciones patriarcales que hacen
de las mujeres (y los hijos e hijas) propiedad de los varones y responsables
del cuidado del hogar y los trabajos domésticos” (Maffia, 2016). El objetivo de
quien ejerce violencia es controlar a la pareja a través del maltrato y suele
expresarse como abuso de poder, dominación y control sobre la otra persona y la
restricción de sus derechos. La violencia machista puede ir desde el acoso
callejero hasta el abuso sexual explícito. Se ha interpretado que la violencia
de género funciona como un disciplinamiento para mantener la desigualdad entre
varones y mujeres a partir de la imposición del miedo, logrando que las mujeres
no salgan de los límites que una sociedad y cultura patriarcales les han fijado
tradicionalmente. Reconocer el carácter social, cultural e histórico de las
relaciones entre ambos géneros da lugar a cuestionar este orden. Comprender y
visibilizar estos mecanismos hace posible la denuncia de la desigualdad entre
ambos géneros. A partir de las luchas de los grupos feministas, las mujeres han
ido conquistando lugares en los espacios públicos, han propiciado la crianza
compartida y reivindicado sus derechos 6 JORNADA NACIONAL “EDUCAR EN IGUALDAD:
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” sexuales y reproductivos.
Estos procesos han generado resistencias y reacomodamientos en las identidades
masculinas hegemónicas que históricamente han detentado su poder y dominación,
generando en algunos casos la incrementación de diversas formas de violencia.
Aún con lo que se ha avanzado en la superación de obstáculos materiales y
simbólicos para la construcción de relaciones más igualitarias entre varones y
mujeres, persisten en las instituciones condiciones que refuerzan estereotipos,
desigualdades y violencias de género. La Ley N.º 26.485 entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su
seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera a su vez, violencia indirecta toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a
la mujer en desventaja con respecto al varón. La escuela ante la violencia de
género En la vida cotidiana de la institución educativa tiene lugar un proceso
de construcción de un orden pedagógico que contribuye a definir y conformar
sujetos femeninos o masculinos a través de la transmisión de un caudal
específico de definiciones y relaciones de género, que van pautando modos de
comportamiento aceptados o no para cada género. Pero al mismo tiempo la escuela
puede aportar a la transformación de las bases culturales, modificando aquellas
concepciones y prácticas que se reproducen a través de las matrices simbólicas
y promoviendo iniciativas orientadas a generar condiciones para la igualdad de
derechos y la convivencia saludable entre los géneros. La producción de
materiales didácticos con enfoque de género para todos los niveles educativos,
producidos por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el marco de
la Ley N.º 26.150 y los Lineamientos Curriculares, brinda un marco de
referencia para seguir incluyendo y profundizando en esta mirada, sobre los
contenidos y los materiales de enseñanza de todas las disciplinas. Asimismo, es
necesario revisar los modos de vínculo en las aulas, los usos del lenguaje y
otros aspectos de la organización de la vida escolar cotidiana. La escuela
entendida como ámbito protector de derechos tiene la responsabilidad de
intervenir frente a todo tipo de vulneración (maltrato, violencia o abuso
sexual) que pueden padecer los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Según
normativas expresas, le cabe acompañar y denunciar situaciones de violencia
sufridas por las y los estudiantes dentro o fuera del establecimiento escolar.
Es importante que las y los docentes puedan poner luz sobre estas situaciones,
que a veces pasan inadvertidas para la mirada institucional que se acostumbró a
que “las cosas siempre fueron así”. La escuela es el ámbito de encuentro de los
estudiantes con otros varones y con otras mujeres. En el tránsito por la
escuela secundaria, las y los jóvenes vivencian sus primeros amores, el inicio
de relaciones sexuales y la resignificación de sus vínculos en relación con sus
pares, con los adultos referentes y con su entorno en general. En algunos casos
se producen a esta edad maternidades y paternidades. En este contexto, los
adultos deben poder acompañar estas situaciones y otras para ellos novedosas,
como las modalidades de interacción personal que resultan del uso de las redes
sociales y de las nuevas tecnologías; ellas pueden suscitar situaciones
riesgosas en cuanto a la intimidad y la posible vulneración de derechos. Se
propone en consecuencia que la escuela eduque en valores y en actitudes de
respeto a la intimidad e integridad de las personas, y que promueva asimismo
una sexualidad responsable. JORNADA NACIONAL “EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 7 Los y las docentes que trabajan con
adolescentes deben poder reconocer estas problemáticas y darles lugar en el
aula, brindar orientación a temas como la coerción a la iniciación sexual y las
presiones del grupo de pares. Asimismo, es importante que el o la docente posea
información sobre recursos locales que abordan la problemática de la violencia
y la protección de niños, niñas y adolescentes para su apoyo y derivación. La
Ley N.º 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. La Ley
N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Ni- ñas, Niños y
Adolescentes reconoce su derecho a la dignidad, a no ser sometidos a trato
violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, ni a forma
alguna de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación
sexual, secuestros o tráfico o a condición cruel o degradante. En caso de tomar
conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad
psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, los miembros
de establecimientos educativos y de salud son legalmente responsables de
comunicarlo a la autoridad de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. “Ni una menos” En nuestro país, frente a los graves hechos
sociales de violencia extrema hacia las mujeres, la sociedad ha respondido
masivamente poniendo un límite y visibilizando su repudio e intolerancia a las
agresiones, a través de marchas multitudinarias bajo el lema “Ni una menos”.
Estas marchas se concretaron en muchas ciudades de nuestro territorio tras la
pasmosa sucesión de femicidios. Las últimas estadísticas revelan que la
violencia de gé- nero mata a una mujer cada treinta horas. También se ha
avanzado en la implementación de políticas públicas en relación con la trata de
personas, reconociéndola como otra forma de violencia de género. Como sociedad
estamos atravesando un momento de fuerte demanda al Estado para que se
planifiquen, financien e implementen políticas públicas de protección a las
mujeres y atención especializada a las víctimas y sus hijos e hijas (si los
tuvieren), como también políticas de pronta y efectiva intervención del sistema
judicial que sancione a los agresores. Asimismo, es importante el desarrollo de
campañas de sensibilización y prevención en la problemática; y un trabajo
sostenido para seguir avanzando en un cambio de modelos educativos y
culturales, que apunten a construir una sociedad justa y equitativa,
erradicando la violencia de género.
